En junio de 2017 se promulgó la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que contempla regulaciones precisas para impedir la evasión fiscal y otras prácticas fraudulentas.
Esta ley establece, entre otras cosas, que las empresas deben agotar un proceso de debida diligencia indagando el origen de los recursos que reciban de sus clientes y reportar cualquier actividad financiera sospechosa.
La propuesta surgió en el entendido de mejorar los ingresos tributarios del Estado Dominicano y adaptarse a los estándares de transparencia internacional. Y para esto, urge disminuir la informalidad que, según datos del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), supera el 58 por ciento del mercado laboral. En este proceso, la nueva legislación busca que las pequeñas y medianas empresas que aún no cumplen sus compromisos fiscales, se formalicen y luego ayuden a combatir el lavado de activos en las transacciones a través de las operaciones con sus clientes.
Las sanciones de esta actualización a la ley podrían ser de dos a cuatro millones de pesos, o bien de cinco a veinte años de cárcel, dependiendo del delito detectado y comprobado.
Lo esencial es que en el país mejore la manera de hacer negocios, transparentando los procesos. Para esto es primordial no solo que te mantengas al día en tus compromisos fiscales, sino que como empresario pyme mantengas mayor control y conocimiento de la procedencia de los ingresos de tu empresa, de tus vendedores o compradores y cualquier otra persona que interactúe con tu negocio.
Lee con detenimiento la Ley 155-17 y que consulta con un abogado los pormenores.
